Foto: Felipe Reyes, reportero Radio UC.

A 111 ascendieron los imputados en el fraude a Carabineros luego que esta jornada el Ministerio Publicó formalizara a 14 nuevos eventuales involucrados en la causa. Aunque inicialmente eran los  21 personas los citados ante el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, no todos acudieron a la instancia por que no fueron notificados de la cita. Los nuevos imputados están acusados de recibir dinero ilícito en sus cuentas bancarias y en su mayoría se trata de civiles, familiares y cercanos a los  funcionarios que recibieron depósitos desde una cuenta institucional de la organización.

Entre los requeridos ante el tribunal se encuentra Katherine Norambuena, pareja del imputado y excoronel, Arnoldo “El Huaso” Riveros, por una transferencia de 70.000.000 de pesos. Norambuena explicó ante los fiscales que recibió dicho monto sin saber el origen del dinero, situación que según su abogado defensor, la exculparía de toda acusación.

Según el fiscal a cargo del caso, Eugenio Campos, aunque fuese cierto el desconocimiento del origen del monto, este depósito se hizo a nombre de Carabineros de Chile, por lo que se considera a la mujer como partícipe del delito debido a que ella no es parte de la institución.

Otra de las citadas ante tribunales fue la teniente coronel que fue llamada a retiro, Aida Marisio, que anteriormente ejercía como segunda jefa de la Central de Comunicaciones de Carabineros, CENCO, quien habría declarado en julio que el dinero lo recibió del padre de su hija, sin conocimiento de su origen. Sin embargo, el fiscal regional declaró que, según antecedentes corroborados por la Contraloría General de la República, existen dineros provenientes directamente de cuentas institucionales de Carabineros, y no solo del co-imputado Nelsón Valenzuela, al que había acusado inicialmente.

De esta forma, a los nuevos involucrados se les imputan los cargos de asociación ilícita, lavado de activos y malversación de caudales públicos. Además esta jornada el fiscal Campos reveló que el monto malversado asciende a 26 mil 52 millones 98 mil pesos.

La fiscalía solicitó como medidas cautelares arraigo nacional, prohibición de comunicarse con algunos de los imputados y arresto domiciliario total o nocturno para algunos casos. Según el persecutor, el hecho de que todos los co-imputados hayan obtenido medidas cautelares se debe a que los antecedentes presentados han sido potentes.

Tras esta formalización se esperan nuevas citaciones al tribunal quedando así fijada la próxima audiencia de formalización para 8 de noviembre próximo.